La Organización Panamericana de la Salud (OPS) suspendió el derecho a voto de Venezuela por deudas acumuladas de sus contribuciones, indicó una resolución aprobada este martes por la máxima asamblea anual del organismo regional.

El 58º Consejo Directivo de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), decidió suspender los privilegios de voto de Venezuela, que adeuda un total de 7.851.219 dólares por impagos acumulados desde 2017, siguiendo la recomendación de un grupo de trabajo instalado para analizar el tema.

No hubo debate ni objeciones a la resolución tras la presentación de las conclusiones del grupo de trabajo, integrado por Aruba, El Salvador y Trinidad y Tobago.

La Constitución de la OPS estipula que si un gobierno tiene atrasos que exceden el importe de los pagos anuales de sus cuotas correspondientes a dos años completos, se le suspenderán los privilegios de voto. Sin embargo, podría retenerlos si se considera que la falta de pago se debe a “condiciones fuera del control del gobierno”.

Al haber perdido el derecho a voto, Venezuela ahora no podrá pronunciarse sobre las resoluciones de este Consejo Directivo de la OPS, ni elegir en el futuro al director de la OPS, ni optar por proyectos, o toma de decisiones sobre el financiamiento de la institución.

Al inaugurar la reunión, la directora de la OPS, Carissa Etienne, agradeció efusivamente a los miembros que pagaron, en julio pasado, las cuotas adeudadas: “Sin duda, estos pagos han aliviado algunas de las graves limitaciones financieras y los riesgos a los que se había enfrentado la Organización”.

Estados Unidos, que aporta el 60% de la financiación de la OPS, reanudó sus pagos tras saludar en julio que la organización iniciara una revisión independiente sobre su papel en el programa “Mais Médicos” para el envío de galenos de Cuba a Brasil.

Así se lo había exigido a la OPS, acusándola de facilitar el “trabajo esclavo” y de contribuir a engrosar las arcas de La Habana en más de mil millones de dólares.

Venezuela también estuvo sobre el tapete cuando 13 países objetaron la participación del régimen de Nicolás Maduro.

Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú y Paraguay cuestionaron la legitimidad de Maduro, quien inició un segundo mandato en enero de 2019 tras elecciones vistas como un fraude por la oposición y parte de la comunidad internacional.

“Creemos firmemente que el representante legítimo para el pueblo de Venezuela es el presidente interino Juan Guaidó así como los miembros de su administración”, dijo una vocera estadounidense, Kristen Pisani, en alusión al jefe parlamentario venezolano, reconocido como mandatario encargado por Estados Unidos y unos 60 países.

“La acreditación y participación de los representantes del régimen ilegítimo” de Maduro “no implica ni deberá ser interpretada como un reconocimiento tácito de la legitimidad de Maduro o sus representantes”, dijo por su parte la representante de Paraguay, Lorena Patiño, y recordó que el régimen de Maduro es desconocido por el Consejo Permanente de la OEA.

La Comisión de Credenciales, integrada por Antigua y Barbuda, Costa Rica y Paraguay, concluyó sin embargo que todas las acreditaciones presentadas en la cita, incluida la de Venezuela, eran válidas.

Estados Unidos, que presentó cargos contra Maduro por “narcoterrorismo” y ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura, le atribuye también la debacle económica de Venezuela, agravada desde la llegada al poder del mandatario en 2013 y que, según la ONU, provocó que más de cinco millones de personas abandonaran el país en los últimos años.